Cooperación Sur-Sur

Capacidades uruguayas para la CSS

El Estado uruguayo ha debido innovar en sus políticas para enfrentar, entre otros, los problemas del desarrollo en un contexto de crisis económica y financiera internacional, el elevado costo de los recursos energéticos y la alta vulnerabilidad frente a los vaivenes de la economía global.

Para adoptar una estrategia de CSS, Uruguay –a través de la AUCI- relevó políticas y experiencias valoradas como exitosas y reconocidas internacionalmente como tales. El documento “Capacidades uruguayas para la cooperación sur-sur” identificó cuatro áreas de excelencia en las que Uruguay ha logrado desarrollar experiencia y conocimientos para transferir en iniciativas de CSS.

Resumen de capacidades de Uruguay para la CSS

Área social. Abarca programas sociales, su coordinación y transversalización e indicadores para su evaluación y monitoreo; inclusión digital en la educación; promoción de la lactancia materna; control del tabaquismo y donación y trasplante de órganos y tejidos.

Área agropecuaria. Abarca sanidad y trazabilidad ganadera; sanidad vegetal, inocuidad alimentaria y calidad de los alimentos; fortalecimiento y articulación de cadenas productivas; adaptación al cambio climático y su mitigación.

Área de infraestructuras para el desarrollo. Incluye acceso al agua potable a través de las unidades autónomas para potabilización y saneamiento; abastecimiento integral en pequeñas localidades y centros educativos; fortalecimiento de capacidades institucionales; planificación y gestión de las telecomunicaciones; y logística postal, a través de acceso universal a la información, seguimiento de envíos y georreferenciación de domicilios. Incluye capacidades institucionales para el diseño y gestión de políticas públicas en energías renovables.

Área de gobernabilidad. Abarca calidad de las instituciones y del sistema democrático; participación política y sistema de partidos y régimen electoral; mecanismos de acción colectiva como cooperativismo, economía solidaria y negociación colectiva laboral; buenas prácticas en gobierno electrónico, sociedad de la información, transparencia y acceso a la información pública; modernización y profesionalización de la administración tributaria y administración de empresas públicas.